Crónica de una intención política evidente, descarrilada...

 Excelente escrito de Alejandro Envila Fisher, (Rumbo de México) que resume e indica, lo que en muchas semanas y días, impidió a miles poder transportarse como les fue dado a probar y luego quitado... 450 mil personas cada día, que tuvieron que cambiar sus rutas por algo que sabíamos tenía un origen extraño, oscuro, incluso detestable... Invito a leerlo:

"La primera impresión del reporte preliminar de la evaluación hecha a la Línea 12 del Metro por encargo del GDF, es que la sociedad, ciudadanos y opinión pública, han sido víctimas de un escandaloso engaño motivado únicamente por un ajuste de cuentas entre dos grupos políticos, o quizá entre dos personas que antes eran compañeros de proyecto y ahora son enemigos jurados: Joel Ortega y Marcelo Ebrard. 

Si el GDF acepta, y hoy parecería que lo hará, liberar de responsabilidad a las empresas del llamado consorcio constructor: ICA, Carso y Alstom, por la serie de fallas y vicios ocultos descubiertos en la obra civil de la Línea 12, estará admitiendo también que la responsabilidad por la suspensión del servicio durante más de dos meses hasta ahora, es completamente suya y deriva de una falta de mantenimiento oportuna y adecuada; justo lo que ICA denunció como parte de sus argumentos de defensa. 

Si eso se confirma estaríamos a días u horas del cese, y muy probable detención con fines de consignación, del director del Metro, Joel Ortega, quien entonces habría orquestado un gigantesco escándalo mediático para vengarse de Ebrard por aquel episodio del New’s Divine durante el sexenio anterior. 

Si el informe preliminar anuncia un anticlimático final para una de las controversias más importantes en materia de corrupción y obra pública en la historia del país, Ebrard podría alegar que nunca actuó irresponsablemente con la Línea 12, que no se apresuró a inaugurarla, que no pactó nada debajo de la mesa con Felipe Calderón, (invitado de honor a la inauguración), y que todo es consecuencia de un complot de sus enemigos que quisieron descarrilarlo rumbo a la elección de 2018. 

Sin embargo, hay muchas cosas que el informe preliminar no responde y por eso causa más dudas que el Gobierno del DF lo haya hecho público de una forma al menos prematura. Uno de esos pendientes es la falta de aclaración sobre los dichos en el sentido de que el problema está justo en la parte elevada de la Línea 12. La decisión de construir por arriba, con el consecuente trazo inadecuado de las curvas que provocó el desgaste prematuro de durmientes y ruedas de convoyes, cuando ya se había adquirido un máquina tuneladora para la excavación, habría derivado del cálculo político de Marcelo Ebrard y no de razones técnicas. Ebrard quería una obra que fuera suficientemente visible para mostrarlo como el gran constructor, y como lo que se ve no se juzga, el Metro elevado al igual que sus segundos pisos le daban esa rentabilidad. 

Por supuesto, el informe preliminar no aclara ninguno de los manejos financieros, de auténtico malabar, que el entonces secretario de Finanzas del Gobierno del DF, Mario Delgado Carrillo, realizó para justificar el arrendamiento a largo plazo (con mantenimiento incluido alega él), de un paquete de trenes por un monto de 21 mil millones de pesos, cuando en pago de contado esos mismos convoyes tenían un precio no superior a los seis mil millones. 

La operación era novedosa, pero el monto de recursos comprometidos en el largo plazo siempre resultó escadaloso, y no hay ni operación ni lógica matemática que explique por qué se pagarán más de tres veces el valor de los trenes en mucho menos de su tiempo de vida útil, con cargo a la deuda del Sistema de Transporte Colectivo en principio, y de la ciudad al final. 

Pero ahí no acabarían las cosas. Si todo resulta una tomadura de pelo, las afectaciones a la credibilidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y del PRD como opción en la ciudad de México, serán incuantificables. La decisión de cerrar la mitad de la Línea 12 para eliminar el riesgo de un accidente fatal fue radical y sólo podría estar justificada por un peligro inminente, perfectamente documentado, de siniestro. Cualquier persona con el mínimo de sentido común habría apostado a que si el GDF decidió suspender el servicio, fue porque tenía todos los elementos que le permitían inferir que mantener la operación implicaba correr un riesgo criminal. 

Justo porque la responsabilidad del cierre y las consecuencias negativas de que éste resultara injustificado, rebasarían por mucho a Joel Ortega y empañarían a todo el gobierno capitalino, resulta casi imposible de creer el informe preliminar que parece minimizar el que se suponía era un gran problema, y ahora resulta que sólo requiere de engrasado y esmerilado de vías, cuyos costos, además, serán asumidos por la administración local, aunque ello pueda implicar exonerar a las empresas constructoras."